¿Qué es la violencia institucional?
Cuando pensamos en la violencia que ejercen las instituciones nos representamos un amplio conjunto de situaciones que, ejercidas desde instituciones públicas, tienen como consecuencia la vulneración de derechos de las personas.
Sin embargo, cuando hablamos de “violencia institucional” damos cuenta de un fenómeno más restringido, que abarca desde la detención “por averiguación de antecedentes” hasta las formas extremas de violencia como el asesinato (el llamado “gatillo fácil”) y la tortura física y psicológica.
Al hablar de violencia institucional nos referimos a situaciones concretas que involucran necesariamente tres componentes:
- prácticas específicas (asesinato, aislamiento, tortura, etc.),
- funcionarixs públicos (que llevan adelante o prestan aquiescencia) y
- contextos de restricción de autonomía y libertad (situaciones de detención, de internación, de instrucción, etc.).
Así llegamos a una primera definición que sirve para delimitar aquellas formas más graves que puede adoptar el accionar de lxs funcionarixs públicxs:
“prácticas estructurales de violación de derechos, desarrolladas (por acción u omisión) por funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud, así como también operadores judiciales, en contextos de restricción de autonomía y/o libertad”[1].
Los derechos humanos se definen como universales, interdependientes e indivisibles, porque se reconocen a todos los seres humanos sin exclusión alguna y porque si nos privan el acceso a uno de estos derechos, el resto se verán perjudicados. El derecho a la vida, como es sabido, es un derecho fundamental, recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, este derecho, parece no tener el mismo valor o nivel de protección, en todos los rincones de este planeta.
¿Todas las vidas valen lo mismo?
El 25 de mayo pasado, George Floyd, de 46 años, fue asesinado por un policía que despiadadamente le impedía moverse presionando su rodilla contra su cuello e impidiéndole respirar durante más de 7 minutos. Floyd, era afrodescendiente, había perdido su empleo, y se había contagiado de coronavirus Covid-19.
Días después nos despertamos con noticas de un Estados Unidos en llamas, de su presidente peligrosamente alejado de la realidad, y un mundo que replicaba los pedidos de justicia y denunciaba los abusos de poder y discriminación racista.
Los hechos vividos en Estados Unidos década tras década nos importan. Nos interpelan. Nos preocupan y nos movilizan.
¿Pero qué sucede en América Latina?
Durante el período de aislamiento social que estamos atravesando, en los países de nuestra región se denuncian en forma frecuente los abusos de poder por parte de las fuerzas de seguridad. La policía es la encargada de velar por el cumplimiento de las medidas de confinamiento dispuestas por los Estados, sin embargo, en muchas oportunidades, parece ser también, la ocasión propicia para que algunxs efectivos se excedan en sus funciones.
A pesar de esto, el “indignómetro social” no alcanza en estos casos, niveles tan elevados como en el caso de Floyd. ¿Por qué no toma el mismo estado de conmoción social cuando muere Anderson Arboleda, asesinado por la policía el 24 de mayo en Puerto Tejada, Cauca? ¿O el caso de Florencia Magalí Morales, en San Luis? ¿O la familia Qom, de Fontana, Chaco, que fue atacada a golpes y balazos por efectivos policiales? ¿O Luis Espinoza, en Tucumán?
La utilización de la violencia para reprimir a ciertos grupos sociales no es aislada: se utiliza particularmente contra comunidades afrodescendientes, inmigrantes, personas pobres, mujeres, personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, entre otras; lo cual conlleva una identificación de las fuerzas policiales, no con la protección y resguardo de nuestros derechos, como debería ser, sino como una herramienta de control y represión.
Los motivos por los que se desatan estos comportamientos por parte de quienes deberían resguardar nuestros derechos son varios: falta de vocación y capacitación, excesiva militarización de la policía, existencia de impunidad frente a las situaciones de corrupción y vulneraciones de derechos humanos, entre otras.
¿La Reforma Policial es la solución?
Sabemos que en la región los cuerpos policiales de muchos países han sufrido décadas de rezago, y que por ello, trabajan en condiciones indeseables, que requerirían reformas estructurales importantes con una gran dosis de dignificación policial. Otras, aunque más profesionalizadas y con bases sólidas, han visto estancado su desarrollo institucional. Si bien las policías en la región han evolucionado e institucionalizado a ritmos diferentes, hay algunos retos generalizados; señalados desde el BID:
- Privatización de los servicios de seguridad. Se estima que en América Latina y el Caribe existen más de 16.000 Empresas Militares y de Seguridad Privadas que emplean a 2,4 millones de personas aproximadamente. Los guardias de seguridad privada superan a los miembros de la policía en todo el mundo. Sin embargo, en América Latina la brecha es aún mayor. En el caso de Brasil hay 4 guardias privados por cada policía mientras que en Guatemala esa proporción es de 5 a 1 y en Honduras de 4 a 1. Este sistema de seguridad “paralelo” (y poco regulado en algunos casos) representa ciertos riesgos y supone un costo adicional para individuos y empresarios. En concreto, las empresas y hogares de nuestra región pagan de su bolsillo entre 0.82% y 1,42% del PIB en protegerse de los criminales.
- Casos de corrupción policial y la debilidad de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. El 47% de los latinoamericanos considera que la policía es corrupta y 53% afirman que el gobierno no hace suficiente en la lucha contra la corrupción. Identificar a los agentes que cometen los actos de corrupción es imperativo. Sin embargo, de poco sirve apartar a policías del servicio si el sistema no está preparado para modificar el contexto que permitió que esa práctica ilícita ocurriera en primera instancia.
- Insuficiente gestión del recurso humano. En muchos cuerpos policiales de América Latina y el Caribe, un ciudadano con menos de seis años de escolaridad puede convertirse en agente de seguridad pública. Este déficit de entrenamiento se ve agravado por una insuficiente gestión de los recursos humanos y condiciones laborales que no reflejan la complejidad de la función policial.
- Escasa representación femenina en los cuerpos de seguridad. Si bien las mujeres constituyen el 50,8% de la población latinoamericana, el promedio de participación femenina en los cuerpos policiales es de tan solo del 13%[2].
Según los informes consultados del BID, la reforma policial sería la solución a estos casos, que, tal como lo señalamos, no son aislados.
¿Qué otras soluciones existen?
Sin embargo, esta posición es criticada por ciertos sectores, al considerar que parte de la base errónea de que la policía estaría aplicando neutralmente un conjunto de leyes que son beneficiosas para todxs. Este sector de la sociedad, propone concretamente, reducir la intervención policial y sus funciones.
Seamos clarxs, el incremento de las desigualdades en la región, ha traído desde siempre promesas por parte del sector político de reducir la delincuencia a través de “mano dura”. Sin embargo, estas acciones fallan tras cada intento, pues los niveles de criminalidad no se retrotraen, pero sí aumentan a través de estas medidas, las vulneraciones a las garantías del estado de Derecho.
Por ello, creo que es fundamental un cambio en los gobiernos, que deberán pensar y desarrollar soluciones no policiales a los problemas que enfrentan las personas pobres, destinando parte del presupuesto actualmente pensado para fortalecer institucionalmente las fuerzas policiales, a generar planes y programas que contribuyan a generar políticas públicas con y desde, los sectores hacia los cuales se generan mayores situaciones de violencias institucionales.
Es necesario invertir en vivienda, empleo, y atención médica de manera de abordar directamente los problemas de seguridad pública. En lugar de criminalizar la falta de vivienda, necesitamos viviendas de apoyo financiadas con fondos públicos; en lugar de unidades policiales que luchen contra las pandillas, necesitamos programas contra las violencias basados en las necesidades reales de la comunidad, servicios de acompañamiento y trabajo para jóvenes; en lugar de una policía escolar, necesitamos más consejerxs, programas extracurriculares, y programas de justicia restaurativa[3].
A diferencia de lo que argumentan ciertos gobiernos locales, esta época de emergencia es una buena oportunidad para planificar y diagramar soluciones con las voces de la sociedad, si bien es difícil tomar la decisión política de destinar recursos para realizar este ejercicio.
Sin embargo, es ahora cuando se torna urgente abrir la toma de decisiones a sectores sistemáticamente desempoderados y desfavorecidos, expandiendo la capacidad de lxs ciudadanxs de movilizarse, organizarse y abogar por sus necesidades, facilitando desde la institucionalidad una forma productiva de impugnación y desacuerdo.
Particularmente, en problemas tan preocupantes y de larga data como es el caso de la eliminación de la violencia institucional, no podemos seguir esperando contar con condiciones ideales; es necesario construir políticas públicas escuchando a la ciudadanía y co-construyendo con ella las soluciones que pongan fin a esta deuda de la democracia.
[1] Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Hechos de Tortura, Desaparición Forzada de Personas y otras Graves Violaciones a los Derechos Humanos Resolución SDH N° 30/2014. “Guía para la caracterización de hechos y/o situaciones de violencia institucional”. Recuperado de https://bit.ly/3hcPnXE, en fecha 08.06.2020.
[2] Alvarado, Nathalie. 07.10.2019. “Reforma policial en América Latina: desafíos y oportunidades”. Recuperado de https://bit.ly/3ha1G74 en fecha 07.06.2020.
[3] Vitale, Alex S. The answer to police violence is not ‘reform’. It’s defunding. Here’s why. Recuperado de https://bit.ly/2MCb5pR en fecha 07.06.2020