Por Florencia López
El último informe sobre discapacidad realizado por la Organización Mundial de la Salud en 2011 1 estima que alrededor del 15 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad, es decir, al menos 1 de cada 7 personas en el mundo. Entre ellas, el 60 por ciento son mujeres, enfrentando mayores complejidades para desarrollarse plenamente en todos los ámbitos: desde el familiar, hasta el de salud, pasando por la educación, el trabajo, y la cultura.
Si, por ejemplo, observamos las tasas de empleo desagregadas por género, vemos que el 53 por ciento de los hombres con discapacidad se encuentran empleados mientras que para las mujeres esa cifra desciende marcadamente a un 19 por ciento (menos de la mitad). Otro Claro ejemplo son las esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad, que siguen realizándose pese a estar penalizadas y definidas por Naciones Unidas como crimen de guerra y de lesa humanidad (Estatuto de Roma, 1998) y como una forma de violencia específica contra la mujer (Beijing, 1995). En ese sentido, recientemente la Argentina ha obtenido media sanción el proyecto de modificación de la Ley 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica, que apunta a impedir que prácticas como la vasectomía o la ligadura de trompas se hagan sin el consentimiento de la persona con discapacidad.
Si bien esta ley es un avance significativo en materia de derechos sexuales y reproductivos, en tanto implica un reconocimiento como sujetos activos de sus derechos en igualdad de condiciones con todas las personas, todavía quedan muchas barreras por derribar. Este es el caso de la necesidad de implementar una educación sexual verdaderamente integral: diversos testimonios de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad dan cuenta de los hostigamientos y discriminaciones que atraviesan tanto en entornos familiares como en los servicios de salud, dado a que muchas veces se las considera incapaces de recibir información y poder tomar decisiones, impidiendoles de ese modo ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.
En relación a esto, Silvia Quan 2 —activista guatemalteca, especialista en derechos humanos de las personas con discapacidad— señala la problemática de los prejuicios según los cuales las mujeres con discapacidad son consideradas asexuadas. Y resalta que la violencia psicológica y simbólica que reciben por ser consideradas de tal modo causa que, en gran parte, muchas de estas mujeres terminen por identificarse con esos mensajes y viéndose a sí mismas como personas que tienen negados el derecho al disfrute y a vivir plenamente su sexualidad.
Estos son solo algunos de los datos que reflejan la importancia de la formulación de políticas públicas que aborden de manera interseccional las problemáticas, tomando en cuenta tanto la discapacidad como las violencias de género en lugar de considerarlas como factores aislados entre sí. Las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad se enfrentan a escenarios de por sí muy complejos, que se ven potenciados por la discriminación por género y clase, como se ha visto anteriormente.
Situación actual en Argentina
En nuestro país viven dos millones de mujeres con discapacidad. Según informa la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) 1 de cada 10 mujeres con discapacidad que reporta situaciones de violencia identifica a su hijo como el agresor. Entre ellas, 4 de cada 10 mujeres han señalado que la violencia se ha prolongado por más de diez años, frente a las 2 de cada 10 mujeres sin discapacidad que viven la misma situación.
Por otro lado, respecto a la Línea 144 3 se informa que el 9 por ciento de las mujeres con discapacidad denuncian violencia sexual, mientras que un 7 por ciento corresponde a mujeres sin discapacidad. En cuanto a la violencia económica y patrimonial, es reportada por el 35 por ciento de mujeres con discapacidad, frente al 26 por ciento por mujeres sin discapacidad.
Carolina Buceta, licenciada en Psicología e integrante de REDI, indica que el mayor problema es la dificultad para acceder a la información, y por ello es fundamental formar e informar a todas las áreas de la sociedad. Si bien las estadísticas muestran que las mujeres con discapacidad se ven más afectadas, se resalta que el acceso a la línea de mujeres con discapacidad es bajo, y ello tiene que ver con múltiples factores. En primer lugar, cuando se encuentran en un circuito de violencia les resulta muy dificultoso poder acceder a un llamado; y en segundo lugar, cuando logran contactar a la línea pueden no recibir la información de manera clara y precisa. Por último, los dispositivos también pueden ser obstáculos al momento de requerir información y/o ayuda, como es el caso de los dispositivos que no cuenten con lectores de pantalla y sean totalmente táctiles.
Avanzar en el respeto a la dignidad, la igualdad de condiciones, y el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres con discapacidad, exige un trabajo en conjunto entre las organizaciones y asociaciones que trabajan por la no discriminación, por la discapacidad y las que luchan contra la violencia de género. Siempre con una mirada interseccional, que tenga en cuenta los múltiples factores que afectan la realidad de estas mujeres y su inserción en la sociedad.
REFERENCIAS
- Informe Mundial sobre Discapacidad. Disponible en: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
2. Actualmente, Consultora senior para el proyecto “Prevención y Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres y Niñas con Discapacidad y su Acceso a la Justicia” ejecutado conjuntamente entre LEGIS y El Colectivo y con el apoyo del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas.
3. La línea 144 es el número telefónico público para obtener asesoramiento en casos de violencias de género