Infancias interrumpidas: trabajo infantil y pandemia en América Latina y el Caribe

Trabajo infantil: los números de una triste realidad
En 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció el 12 de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil con el objetivo de exponer la gravísima violación de derechos de la infancia de millones de niños, niñas y adolescentes a nivel mundial. Se estima que 152 millones de niños en el mundo se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y, aún peor, 73 millones de ellos se encuentran realizando trabajos peligrosos como los relacionados a la minería (2021 será el Año Internacional para Erradicación del Trabajo Infantil, 2019)

Fuente: Deutsche Welle. “Latinoamérica: educación contra trabajo infantil”

Las últimas estimaciones mundiales señalan que 160 millones de niños –63 millones de niñas y 97 millones de niños– se encontraban en situación de trabajo infantil a nivel mundial a principios de 2020, representando por ende casi 1 de cada 10 niños en todo el mundo. Un total de 79 millones de niños –casi la mitad de todos los niños en situación de trabajo infantil– realizaban trabajos peligrosos que ponían directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral (OIT, 2020). En América Latina y el Caribe, las estimaciones son igualmente preocupantes: En 2020 la OIT estimó en 8,2 millones el número de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil en la región, a pesar de que esta cifra había disminuido entre 2008 y 2016 de 10.8% a 7.3% de la población regional de entre 5 y 17 años (La pandemia por COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe, 2020). A nivel global, según el último informe de la OIT, 160 millones de niños se encuentran en situación de trabajo infantil; de los cuales 79 millones realizan trabajos peligrosos. El sector agrícola es el que predomina, concentrando el 70% del trabajo infantil a nivel mundial e, interesantemente más del 70% de los niños en situación de trabajo se encuentran realizando trabajos auxiliares en el seno familiar y sólo el 17% realiza trabajos remunerados (OIT, 2020) .

COVID 19: Un nuevo obstáculo
Para 2025 uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU contempla la erradicación total del trabajo infantil, incluido el reclutamiento de niños soldados1. No obstante, este objetivo de desarrollo sostenible, al igual que muchos otros, se ha visto amenazado con la pandemia. La desaceleración de la producción, desigualdades económicas, el desempleo, mayores niveles de pobreza son tan solo algunos de los factores que favorecen el aumento del trabajo infantil, y son juntamente estos los que se han visto potenciados en la región a raíz de las adversidades creadas por la pandemia.
En la región de LAC se ha llegado a la cifra más alta de desocupación desde que hay registros: a los 26 millones de latinoamericanos que se encontraban sin trabajo antes de la pandemia se han sumado 16 millones más de desempleados, marcando un récord histórico de 41 millones de desocupados en la región (Arciniegas, 2020). Si medimos la pobreza los números son igual de desalentadores. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2020 hubieron 22 millones más de pobres que en 2019, sumando en total más de 209 millones de personas en situación de pobreza. Asimismo, como causa de la recesión económica se estima que el PBI registrará una caída del -7.7% (Pandemia provoca aumento en los niveles de pobreza sin precedentes en las últimas décadas e impacta fuertemente en la desigualdad y el empleo, 2021). Todo este contexto ha propiciado un incremento en el porcentaje de trabajo infantil en la región: a los 10.5 millones de niños en esa situación se espera que se le sumen entre 109.000 y 320.000 niños. Los avances conseguidos en una década en cuanto a esta problemática, advierte el director regional de la OIT, podrían retroceder en tan solo un año (El trabajo infantil amenaza con extenderse por América Latina por la pandemia, 2021).
La crisis de la COVID-19 amenaza con seguir erosionando los avances mundiales en la lucha contra el trabajo infantil a menos que se adopten medidas urgentes de mitigación. Las nuevas estimaciones indican que otros 8,9 millones de niños estarán en situación de trabajo infantil a finales de 2022 como consecuencia de la creciente pobreza impulsada por la pandemia (OIT, 2020, p. 6).
Adicionalmente, a diferencia de cualquier crisis que ha azotado la región esta viene acompañada de un componente que, lamentablemente, potencia aún más las posibilidades de aumento del trabajo infantil: el cierre temporal de las escuelas. Esta realidad, sumada a los factores previamente mencionados, causará consecuencias desastrosas. Con desempleo, crisis económica, trabajos informales y más escuelas cerradas aparece la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes de los hogares afectados comiencen a trabajar para ayudar a sus familias. Sin embargo, esto no debería ser así de ninguna manera. El trabajo infantil es una violación a los derechos humanos ya que “priva a los niños, niñas y adolescentes de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico” (La pandemia por COVID-19 podría incrementar el trabajo infantil en América Latina y el Caribe, 2020). Por ende, no puede ser considerado bajo ninguna circunstancia una opción.

(1) La Meta 8.7 de los ODS señala el siguiente camino: Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. (OIT, 2020, p. 5)

Conclusiones
Una de las armas para hacer frente y erradicar esta problemática es la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen que poder tener acceso a sus derechos más básicos, de esta manera, es imperante que, no sólo frente a contextos como los actuales, sino con un objetivo a largo plazo se cree una especie de blindaje contra todos las posibles amenazas que impidan el cumplimiento de los derechos de las niñeces. Sin embargo, claramente este blindaje no lo pueden crear estas familias desprotegidas y desesperadas que están por fuera de cualquier tipo de cobertura de protección social y de trabajos formales; debe ser construido por los gobiernos, empleadores, miembros de la comunidad internacional e incluso la sociedad civil.
Por otro lado, considerando que el sector agrícola representa el mayor porcentaje de trabajo infantil a nivel mundial especial atención debe prestarse a dicho sector. Diversificación de cultivos, inversión en infraestructura de servicios básicos, apoyo a esas familias que dependen del trabajo de sus hijos para su sustento son algunas de las soluciones propuestas por la OIT en su último informe.
Las desigualdades estructurales propias de las sociedades latinoamericanas siempre están allí, pero es en circunstancias como las vividas el pasado año en las que afloran y se ven claramente sus consecuencias. La desigualdad y la desprotección social que sufren millones de latinoamericanos quedan en evidencia en momentos como los que corren. En miras al futuro, ya repensando en cómo reconstruirse y recuperarse luego de una crisis de semejante impacto con consecuencias muy dañinas, los gobiernos deberían pensar y ejecutar respuestas teniendo en cuenta al trabajo infantil en todas las fases del proceso de reconstrucción. Para ello, es esencial legislación en materia de protección de las niñeces y, obviamente, un sistema que supervise su eficaz aplicación. De la misma manera, las respuestas humanitarias deben estar alertas al mayor riesgo de trabajo infantil en coyunturas como las del COVID-19.

REFERENCIAS

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