La situación actual del Perú en materia política

Por Gabriel Choque Miranda

Introducción

En marzo del 2018 del 2020, el entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), renunció a su cargo. La clase política gobernante y los grupos de poder económico pensaron que colocando como sucesor a quien era vicepresidente Martin Vizcarra sorteaban la crisis y aseguraban la continuidad del régimen neoliberal.  Pero los hechos han demostrado lo contrario, ya que el impacto de la pandemia, las fuerzas de mafias dentro del congreso, la mediocridad del presidente y su entorno abrieron una nueva temporada de crisis política.

Esta crisis llego a un punto de inflexión en el año 2019 cuando el presidente Martin Vizcarra disolvió el congreso en setiembre, contando con el apoyo mayoritario de la población. A pesar de la gravedad del hecho, la constitucionalidad no se rompió puesto que el país y el gobierno exhibieron continuidad institucional, celebrándose elecciones para remplazar a los congresistas depuestos. En este nuevo parlamento predominan pequeñas bancadas tales como PODEMOS Perú, Alianza Para el Progreso (APP), Acción Popular, Unión por el Perú (UPP). Quedando demostrado que este congreso es la continuidad del congreso disuelto del 2019 dada la concurrencia de intereses subalternos, mafiosos y delictivos que no dudan en ocupar la representación.

Francisco Sagasti asumió la presidencia teniendo retos de índoles institucional y sistémico. Por un lado, la salida institucional a la crisis política relacionada al progresivo desprestigio de la clase política peruana, debido a las crecientes revelaciones de corrupción que redujeron un potencial conflicto social con la disolución del congreso. Por otro lado, la debilidad y flexibilidad del sistema peruano permitió la aparición de un político independiente, con un liderazgo institucionalista en lugar de uno autoritario para ocupar el liderazgo del gobierno.

Fuente: https://www.bbc.com/

El impacto del Coronavirus en la realidad política peruana

En marzo del 2020 llegó el coronavirus a develar las carencias y déficits de un país que, pese al crecimiento sostenido del PBI no fue capaz de asegurar la vida de sus ciudadanos/as. El gobierno de Vizcarra debió enfrentar la pandemia con un sistema de salud colapsado y una población mayoritariamente en la informalidad, haciendo difícil garantizar las medidas impuestas en la cuarentena.  Por ejemplo, hasta el 13 de enero del 2021 el número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en Perú se encontraba en la quinta posición regional con 1.037.350. Brasil es el país más afectado por esta pandemia en la región, con 8.195.635. Colombia se ubica en segundo lugar, con 1.816.082. Argentina, por su parte, con 1.744.704 y México ha registrado un total de 1.556.028 casos confirmados. Los mencionados países son los 5 más afectado por el Covid-19 en América Latina (Statista, 2021).

La caída de Martin Vizcarra

El 9 de noviembre del 2020, el congreso peruano sorprendió votando por la vacancia del presidente Martin Vizcarra, con 105 votos a favor de un total de 130 congresistas cuando solo faltaban 5 meses para las elecciones generales. Era el cuarto proceso de “vacancia por incapacidad moral permanente” en el quinquenio del gobierno iniciado en 2016.  La iniciativa fue impulsada por las acusaciones de corrupción por supuestos hechos acontecidos en su etapa a como gobernador de la región de Moquegua en los años 2011 y 2014. Vizcarra se mostraba firme y comprometido en la lucha contra la corrupción a pocos meses de asumir la presidencia y convocó un referéndum para reformar cuatro capítulos de la constitución incluyendo uno referido a la no reelección de congresistas y otra tendiente a reformar las normas sobre el financiamiento de partidos políticos.

Luego de la vacancia de Vizcarra el entonces presidente del Congreso Manuel Merino asumió la presidencia el 10 de noviembre en medio de protestas multitudinarias y señalamientos de uso excesivo de la fuerza por la policía en respuesta a estas manifestaciones. La organización Amnistía Internacional, manifiesta que ha recibido fotos y videos donde se muestran efectivos de la policía nacional exhibiendo armas de fuego y disparando gas lacrimógeno y municiones contra manifestantes y periodistas (Amnistía Internacional, 2020). Asi mismo, Perú atravesó una de las crisis más agudas de su historia reciente ya que se presenciaron cacerolazos, marchas, protestas, muertes e incertidumbre, además de una cascada de denuncias en las redes sociales que se resolvió con la elección de un nuevo presidente.

La envestidura de Francisco Sagasti

Luego de más de 24 horas en el que Perú no tuvo presidente, el intelectual Francisco Sagasti Hochhausler, del centrista Partido Morando asumió el cargo de manera transitoria. En su discurso de asunción priorizo la batalla contra la pandemia, la transparencia en las elecciones presidenciales, la lucha contra la corrupción e impulsar la recuperación de la educación. Sagasti se enfrenta al desafío de devolver la estabilidad a un país convulsionado por el rechazo ciudadano a su clase política y su principal objetivo es garantizar que las elecciones presidenciales pautadas para el 11 de abril se cumplan en tiempo y forma.

A diferencia a lo que ocurrió con Manuel Merino, los países vecinos tales como Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile y varios organismos internacionales como la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) se pronunciaron rápidamente para reconocerlo como nuevo mandatario y le ofrecieron todo su apoyo para lograr una “sociedad libre, inclusiva y democrática” (El Comercio, 2020).

Plan Bicentenario hacia el 2021

El Plan bicentenario hacia el 2021 es el “plan estratégico de desarrollo nacional basado en el acuerdo nacional y en las 31 políticas de estado que suscribieron las fuerzas políticas nacionales de desarrollo que debe seguir el país” (MRE, 2021). A modo de ejemplo, Sagasti debe promover el objetivo nacional 3 que implica lograr que el estado se oriente al servicio de los ciudadanos y promoción del desarrollo, y que el ejercicio de la función pública sea eficiente, democrático, transparente, descentralizado y participativo, en el marco de una ciudadanía ejercida a plenitud por las personas.  

Es indispensable relacionar el desarrollo integral y sostenible con la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Esto implica que toda la ciudadanía tenga acceso a una justicia autónoma, confiable y eficiente, y que la consolidación de la institucionalidad democrática y la participación ciudadana permitan que, mediante le consenso, se logren reducir las inequidades, la pobreza y la extrema pobreza.

Es asi que el plan bicentenario fomenta cambios de actitudes en la sociedad, y considera la defensa y protección de los peruanos como el factor esencial para un desarrollo humano integral donde todos tengan las mismas oportunidades.

Conclusiones

La situación actual del Perú plantea retos de indoles institucional y sistémicos. Contar con una salida institucional a la crisis política luchando contra la corrupción y un sistema que permita la aparición de un político con un liderazgo institucionalista para ocupar el liderazgo del gobierno.

Aunque la designación de Sagasti calmó las tensiones en el corto plazo, las causas profundas que impulsaron la reacción de buena parte de la sociedad peruana siguen en pie.  El tener un nuevo presidente no resuelve el problema estructural que sigue siendo una fuente de inestabilidad para la democracia.

La calle será un reto y un escudo para el presidente de transición, Sagasti, frente a un congreso aun impredecible. Las autoridades deben poner respeto por los derechos humanos en el centro de su respuesta inmediata y de sus políticas públicas. Para ello, se debe enviar un mensaje inequívoco:  el rol de las fuerzas de seguridad debe ser el de proteger a la población, respetando el derecho a la protesta pacífica y el de la justicia investigar todo acto de violencia y establecer las responsabilidades penales a quienes correspondan.

Sagasti se enfrenta, asi como Vizcarra, a la pandemia con un sistema de salud colapsado y una población mayoritariamente en la informalidad, haciendo difícil garantizar las medidas impuestas a la cuarentena obligatoria anunciada que será a partir del domingo 31 de enero en 10 regiones del país. Esto quiere decir que solo podrá salir una persona por familia para realizar actividades esenciales como abastecerse de abarrotes, acudir a citas médicas imprescindibles y comprar medicamentos.

El Plan bicentenario hacia el 2021 basado en el acuerdo nacional y en las 31 políticas de estado que suscribieron las fuerzas políticas nacionales se debe seguir promocionando garantizando el ejercicio de la función pública eficiente, democrática, transparente, descentralizada y participativa, en el marco de una ciudadanía ejercida a plenitud por los ciudadanos.

Finalmente, Sagasti debe garantizar la realización de las elecciones nacionales convocada para el 11 de abril del 2021 lo que constituye un paso esencial para una nueva etapa en la vida democracia institucional del Perú.

Bibliografía

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