Los “invisibles” de la pandemia

Por Laura Lapalma

En MundoSur nos encontramos – como todo el mundo – haciéndonos muchas preguntas en estos tiempos de COVID 19 y sus consecuencias a futuro. Nos preguntamos especialmente qué está pasando con los grupos sociales mas vulnerables. Semanas atrás relevamos información y mapeamos el incremento de feminicidios en la región. El sábado 30 de mayo reunimos jóvenes lideresas indígenas de distintos países de Sudamérica y el Caribe para poner de manifiesto las realidades de estos grupos, históricamente relegados, en tiempos de confinamiento social. En esta ocasión no venimos a preguntar qué está pasando con los inmigrantes. 

Sabemos que América Latina es un territorio de migraciones. Las medidas estatales en el contexto de cuarentena incluyeron un cierre total de fronteras y se prohibieron todas las actividades no esenciales. Esta situación nos despierta dos interrogantes: por un lado, ¿qué pasó entonces con aquellos migrantes que estaban en tránsito hacia otro país cuando comenzaron estas medidas?; y, por el otro ¿cuál es la situación de inmigrantes ya establecidos en un determinado país? 

Intuimos que nada bien podía a andar con aquellos que ya no venían bien desde antes de la pandemia. A continuación, revisamos algunos pocos datos existentes hasta el momento, y ensayamos algunas reflexiones. 

Acerca de los “varados invisibles”

El cierre de fronteras internacionales dejó varados en distintos países del mundo a turistas, comerciantes, agentes de negocios, académicos/as asistiendo a eventos, estudiantes en intercambios, personal de ayuda humanitaria internacional, y la lista sigue. 

Sus historias, y justos reclamos de repatriación, las conocemos a través de redes sociales y los medios masivos de comunicación. Pero hay otras personas varadas que no hemos visto, o las hemos visto realmente muy poco. 

Nos referimos a centroamericanos y centroamericanas que atraviesan países, para llegar la frontera de México y Estados Unidos; nos referimos al masivo éxodo de venezolanos/as en Latinoamérica, principalmente aquellas personas más vulnerables migrando, incluyendo largos trayectos a pie, hacia países principalmente limítrofes. También nos referimos a comunidades originarias que, por las características de sus actividades de producción, recolección y comercialización, se trasladan usualmente de una región a otra, y en determinado momento no pudieron volver a su comunidad. Y esta lista de varados/as no visibles, también sigue. 

Este cierre repentino de fronteras, sin previsión de salvaguardas específicas para los grupos de migrantes más vulnerables, ha puesto en emergencia e incrementado la crisis humanitaria en la que se encuentran. Al toparse con la frontera cerrada, y sin chances de volver a casa por las restricciones en la circulación de personas, se vieron forzados/as a permanecer hacinadas en estaciones migratorias, sin asistencia sanitaria, lo que acentúa el riesgo de contagios. Algunas personas buscan rutas alternativas e ilegales de tránsito e ingresos a otros países, exponiéndose a redes de secuestros, abusos sexuales, crimen organizado, todo lo cual magnifica su situación de vulnerabilidad. 

Ciertos países considerados “receptores” de migración, como Chile, Colombia y Perú han incluido en sus políticas en tiempos de COVID 19, el acceso a los servicios de salud de migrantes regulares y prestaciones de servicios de emergencias para aquellos que tengan un estatus irregular. Chile y Perú han agilizado y digitalizado trámites migratorios para reducir la exposición a contagios por parte de los y las migrantes. Colombia ha habilitado corredores humanitarios para las personas migrantes provenientes de Venezuela y habilitado determinados mercados para garantizar la provisión de alimentos durante la emergencia. 

En las fronteras entre Chile y Bolivia, quedaron varadas alrededor de 1300 personas de nacionalidad boliviana, incluyendo mujeres embarazadas, ancianos/as y niños/as, cuando intentaban regresar a su país y se cerraron las fronteras terrestres. Se vieron forzados/as a dormir a la intemperie con temperaturas muy frías, sin agua ni alimentos suficientes. Sin embargo, se habilitaron escuelas como refugios y se proporcionaron servicios sanitarios y otros servicios básicos y con posterioridad, ambos Estados lograron cooperar para facilitar el retorno de tales grupos. 

Los “no esenciales”

A diario vemos las cifras de la caída de la economía y el empleo a nivel mundial. Escuchamos los justos reclamos principalmente de las pymes y trabajadores autónomos afectados por la paralización de las actividades productivas y de servicios. También vemos la situación de precariedad de los y las trabajadores/as informales. Dentro de aquellos grupos insertados en la económica informal, se encuentra una gran masa de migrantes, regulares e irregulares, que la pandemia extremó su vulnerabilidad. 

Esta situación impacta tanto en los medios de subsistencia por la precarización laboral, como en sus familias que residen en sus países de origen, por la imposibilidad de continuar con los flujos de remesas. 

Los colectivos de migrantes irregulares también se encuentran limitados a la hora de acceder a otros beneficios de asistencia social. Por ejemplo, en Argentina alrededor del 80% de la población migrante no ha podido acceder a los beneficios del Ingreso Familiar de Emergencia. Se trata mayormente de migrantes con menos de dos años de residencia en el país. Los/las recién llegados/as están entre las personas más afectadas por la crisis al tener menos redes de apoyo y laborales. 

No me puedo quedar en casa

Estos colectivos no solo se insertan en economías informales para su subsistencia, sino que además habitan viviendas – siempre precarias – en redes de alquileres también informales. Al no estar alcanzados por disposiciones estatales específicas de protección de inquilinos, y encontrándose sin trabajo en tiempos de cuarentena obligatoria, muchos de estos grupos están sometidos a desalojos por falta de pago de alquileres. 

Según datos relevados de por BID en Chile el 18 % de los migrantes viven en condiciones de hacinamiento; en Perú esta cifra asciende al 57%. En Ecuador 16% de los migrantes se encuentran en situación de calle; en Colombia el 32% no tiene acceso a vivienda y en Costa Rica el 36% no tiene acceso a vivienda aceptable.

Las medidas de confinamiento doméstico son difíciles de practicar para aquellas personas migrantes sin posibilidades de accesos a viviendas dentro de circuitos formales de alquileres.  

Mujeres migrantes:

Las organizaciones internacionales y territoriales han alertado sobre el impacto diferenciado de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en razón de género, particularmente en épocas de la pandemia producida por el coronavirus Covid-19.

De esta forman, entre los riesgos específicos que enfrentan las mujeres migrantes se encuentran:

• La precarización laboral, explotación e impacto socioeconómico.
• Rechazo xenofóbico.
• Mayor inseguridad frente al virus.
• Sobrecarga de cuidado.
• Aumento de las violencias basadas en género.

Anotaciones para una agenda de políticas específicas para migrantes, con perspectiva de derechos humanos

El COVID 19 no ha hecho más que acentuar dramáticamente la vulnerabilidad y los peligros a los que se exponen los colectivos de migrantes, especialmente los migrantes irregulares, en un contexto regional ya marcado por grandes desigualdades y exclusión social. Las condiciones que hemos señalado, impactan aún más en ciertos grupos sociales: mujeres, niñas y niños y ancianas/os. 

Esto impone una agenda de medida específicas y urgentes para mitigar las consecuencias sociales y económicas que golpean la vida y derechos fundamentales de estos colectivos tan vulnerables en la región, a través de una mirada con enfoque en género e interseccional. 

Sabemos entonces que “quedarse en casa” no es una opción real para todos los grupos sociales. Para ello, el Estado debe acompañar un conjunto de medidas específicas de asistencia en tiempos de confinamiento social, que pueden incluir: 

• Relevamiento de personas migrantes indocumentadas y su condición socio económica, diferenciada por sexo y edad. 
• Trámites expeditos de obtención de documentación y regularización del estatus migratorio. La regularización de la residencia en los países, permite combatir la exposición a abusos de poder a los que estas personas se encuentran expuestas, además de permitirles acceder a servicios de salud que, aunque sean gratuitos para ellas, su condición de “ilegales” genera que estos grupos no se acerquen a tales instituciones por miedo a ser detenidos. 
• Inclusión como destinatarios/as específicos/as de políticas públicas de asistencia social, sanitaria y de viviendas. 
• Garantizar el acceso a instalaciones seguras: Refugios y alimentación adecuada de grupos en zonas de fronteras, acompañadas de las medidas de seguridad necesarias, ayudando así a disminuir el riesgo de contagio y de situaciones de violencia sexual y de violencias basadas en género, debiendo ser provisto a la población migrante incluso si se encuentra irregular. 
• Facilitar circulación y traslados de aquellos grupos o familias necesitados de regresar a sus países de origen, contemplando la inclusión de medidas de aperturas específicas de fronteras para como salvaguarda de grupos vulnerables en sus retornos. 
• Pagos a la medidas y bonos extraordinarios: Esto con la intención de garantizar que las personas migrantes, y en especial las mujeres en situación de vulnerabilidad, tengan acceso a las prestaciones económicas sin importar su condición migratoria.
• Proveer de implementos de protección contra la COVID19 en los centros de atención a migrantes: Al tratarse de lugares con alta afluencia de personas, es importante que las personas migrantes cuenten con suministros para proteger su salud, como mascarillas y alcohol en gel. En el caso de las mujeres embarazadas, si bien “no hay pruebas de que corran mayor riesgo de enfermedad grave que la población en general”, la OMS solicita mayor precaución por el riesgo general de contraer enfermedades respiratorias durante el embarazo.
• Generar respuestas estatales conjuntas, a través de la cooperación internacional. Elaboración de proyectos y programas articulados por organismos internacionales y gobiernos centrales, que tengan por fin colaborar en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.