Facundo Rivera Alegre. Luciano Arruga. Héctor Gómez. Martín Basualdo. Santiago Maldonado. Iván Torres. Elias Gorosito. Miguel Bru. Daniel Solano. Franco Casco. Andrés Nuñez. Luis Espinoza. Facundo Astudillo Castro… ¿dónde están?
Por Sofía Nieva
En el año 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró al 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Aquello, fue resultado de la preocupación del organismo internacional por las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (OEA) establece en su artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.” Entonces, la desaparición forzada de personas es una violación de derechos humanos, entendida como una violación múltiple y compleja de derechos.
Situándonos en la memoria colectiva de nuestro país–como elemento de la construcción de identidad- el concepto remite a los procesos de dictaduras cívicos-militares, donde la desaparición “fue la principal metodología de lucha contra la oposición política e ideológica utilizada por el gobierno militar que ocupó de facto el poder en la República de Argentina”( Comp. Ambos, K., Alflen, P., Guzmán, J. L., Díaz, C. L., Meini, I., & Galain, P, 2009: 24).
Pero nos preguntamos… ¿qué pasa con la desaparición forzada en la democracia?
Poniéndonos en contexto, en nuestro país encontramos atrás de esa pregunta, un listado doloroso de nombres, historias y sueños de pibxs que fueron víctimas de detenciones arbitrarias y gatillo fácil. Hoy todavía existe un Estado que legitima en su discurso fuerzas de seguridad represivas, con el aval del sistema judicial y mediático. Además, las políticas neoliberales de los últimos tiempos que atraviesan y configuran nuestros contextos, han generado que ciertos sectores sociales consoliden un individualismo de tinte bolsonarista, que también esgrimen legitimidad ante discursos de violencia institucional.
El 20 de marzo de 2020 Argentina empezó a transitar el ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio) a razón de la pandemia COVID-19 que se extendía por el mundo. Las fuerzas de seguridad, con el afán de controlar la disposición del Estado nacional, adoptaron una faceta brutal en términos de violencia institucional. Detenciones arbitrarias, maltrato, hostigamiento, persecuciones se volvieron moneda corriente en los territorios más vulnerables del país. Porque sí, la violencia institucional se acrecienta en los sectores socioubanos más empobrecidos bajo la afirmación del “algo habrán hecho” como justificación de las desapariciones y muertes de los pibxs más pobres “reactualizando y resignificando estigmatizaciones enraizadas en profundos entramados históricamente configurados en torno a la pobreza” (Guber en Bermúdez, 2016: 14).
El decreto presidencial, habilitó, un amplio espectro para la violación de los Derechos Humanos. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han utilizado la detención como accionar ante el incumplimiento de la cuarentena desde una mirada arbitraria, racista, clasista en los territorios más empobrecidos y vulnerables del país.
En ese contexto, Facundo Astudillo Castro lleva 130 días desaparecidx en nuestro país, luego de que partiera de su casa en Pero Luro hacia Bahía Blanca el 30 de abril de 2020, en el marco de la cuarentena por el COVID-19.
Y cabe preguntarnos ¿por qué el Estado es responsable?
Por un sinfín de irregularidades han sucedido, y dejan entrever grandes interrogantes en torno a su ausencia. Por una fuerza policial con testimonios contradictorios, por ser una causa con testigos sospechosxs de haber sido implantados, por versiones que ubican a Facundo en lugares diferentes a los que la investigación policial sugiere, porque se desoyen versiones y se hostigan otro tanto. Porque se fortalece así, a manos del Estado, un sistema que legitima la desaparición de los pibxs. Con los tiempos dilatados, se favorece la posibilidad de invisibilizar y ocultar pruebas, hechos y testigos.
El Estado democrático ante el desaparecidx, tiene que asumir una responsabilidad ineludible. Las vidas de quienes nos faltan, por acción u omisión de organismos estatales, remiten a cuerpxs, vínculos sociales e historias de pibxs… El Estado vulnera, avasalla y rompe la vida de ciertas personas por sus entornos, por sus contextos y apariencias. Porque, son vidas, que finalmente valen menos.
Existen, entonces, dos grandes desafíos para nuestra democracia en torno a este asunto:
Por un lado, favorecer a consolidar una mirada democrática en las fuerzas de seguridad, con una fuerte transformación en su rol y en el ejercicio del poder que detentan. Que los Estados puedan entender, que las políticas represivas de “mano dura” no son la respuesta a un entramado social complejo, en donde la brecha de desigualdad se agranda. Que la reavivación de prácticas punitivas que nos trasladan en la memoria a gobiernos cívico-militares, no hacen más que vulnerar sujetxs en un estado de Derecho.
Y por otro, poner el foco en la construcción de los lazos a nivel territorial, donde es fundamental fortalecer la organización y el tejido en red desde las bases, para lucha contra este flagelo. Que a partir de procesos de movilización e incidencia, se puedan construir políticas públicas más participativas e inclusivas, con un abordaje a la pobreza multidimensional que atraviesa a los sectores más empobrecidos del país en donde la violencia institucional, se vuelve moneda corriente. Que el Estado deje de criminalizar la pobreza mediante políticas represivas de sus fuerzas de seguridad; sino que pueda, realmente, generar programas integrales de promoción de lxs pibxs que viven empobrecidos.
El Estado democrático carga con el peso de más de un desaparecidx. Es momento hacer hincapié en garantizar procesos de investigación policial y judicial transparentes y verídicos; castigando a lxs que son realmente responsables. Y por otro, poner el ojo en las deudas pendientes en torno a políticas de educación y salud pública, vivienda digna, empleabilidad de jóvenes; que favorezcan a los pibxs más vulnerables, lxs primerxs en sufrir el flagelo de la violencia institucional, lxs primerxs en estar expuestxs a morir o desaparecer en democracia.
Bibliografía:
- Ambos, K., Alflen, P., Guzmán, J. L., Díaz, C. L., Meini, I., & Galain, P. (2009). Desaparición forzada de personas. Análisis comparado e internacional. Bogotá, Colombia: Nomos Impresores.
- Bermúdez, N. V. (2016). De” morir como perros” a” Me pinto solo cuatro uñas”: una mirada antropológica sobre crueldad, moralidad y política en muertes vinculadas a la violencia institucional en Córdoba (Argentina).
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (OEA). Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Brasil, 9 de junio de 1994.
- Guía para la caracterización de hechos y situaciones de violencia institucional. Link: http://www.jus.gob.ar/media/3120686/guia-situaciones-de-violencia institucional.pdf