Edición: Yuliana Herrera, coordinadora estratégica y de proyectos
Las democracias en América Latina, debieron enfrentar muchos cambios y adversidades a lo largo de su historia, principalmente referidas a su estabilidad y gobernanza. Las oleadas de gobiernos autoritarios y democráticos fluctuaron durante la mayor parte del siglo XX, hasta que en la década del 90 la democracia asumió el rol de norma en la región y se acentuaron los temores de una vuelta al autoritarismo (Munck, 20210). No obstante, al tratarse de una forma de régimen fundado en la participación ciudadana y en la exigencia a las instituciones, el pueblo demandaba respuestas a sus necesidades en forma de políticas públicas, que en muchas ocasiones eran insuficientes (Sobrado González, 2017).
En el siglo XXI, los gobiernos democráticos deben resolver cuestiones históricas como la pobreza y la desigualdad, pero también deben encontrar respuestas eficientes a nuevos interrogantes: la paridad de género, la inclusión, el cambio climático y como si fuera poco, los múltiples efectos provocados por la pandemia mundial del COVID 19. Los Estados tienen la necesidad de repensar la democracia y la forma de gobernar, particularmente en el fortalecimiento de sus instituciones íntimamente relacionadas a la garantía de los derechos humanos, para dar respuestas eficientes a las nuevas demandas sociales y contribuir al desarrollo de la región (Lusverti, 2014).
Desde MundoSur, en el Día Internacional de la Democracia y los Derechos Humanos y en el marco del #MesMundoSur, nos permitimos reflexionar sobre la complejidad que plantean las sociedades contemporáneas y nos preguntamos, ¿qué desafíos enfrentan las democracias y la ciudadanía en América Latina? Las respuestas surgieron desde la perspectiva de nuestros ejes de trabajo: género y diversidades; niñeces y juventudes; ambiente y tomando al de democracia y gobernanza como transversal a ellos.
✊ Género y diversidad
Por Andrea Aceves, asistente del proyecto Mapa Latinoamericano de Feminicidios.
Mujeres. Su participación en la vida pública, política y la toma de decisiones.
A lo largo de la historia la relación entre las mujeres y la política ha sido y sigue siendo conflictiva y compleja, pues se ha puesto a las mujeres en una posición subordinación hacia con los hombres, provocado la ideología de que su naturaleza es ser inferiores o menos capaces para hacer cualquier cosa, lo que las ha colocado en espacios privados e invisibles que las ha expulsado de la vida pública y política, impidiendo con ello que sean parte de la toma de decisiones; provocando su marginación, no sólo por el Estado, sino por la sociedad en su conjunto, pues no gozaban de las mismas oportunidades que los hombres y tenían un acceso muy limitado a cualquier tipo de participación.
Fue hasta el siglo XX que las mujeres alrededor del mundo lograron aumentar su presencia tanto en la esfera pública como en la privada y lograron reivindicar la institucionalización de sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales, incluyendo el derecho al sufragio, mismo que fue adquirido gracias a los movimientos feministas y la constante de exigir derechos en igualdad de condiciones.
Es así como, la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante DUDH) (ONU, 1948) establece en su preámbulo que “no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales”. Para lo cual, en su artículo tercero establece la obligación de los estados de garantizar a los hombres y las mujeres igualdad en el goce de todos sus derechos civiles y políticos, incluyendo la participación política, la cual es un valor democrático fundamental que permite a los ciudadanos participar en los procesos de toma de decisiones y en la creación de políticas que tienen un impacto directo sobre ellos.
Sin embargo, en la actualidad, el reducido grado de participación femenina en los procesos de adopción de decisiones en aspectos gubernamentales y de políticas públicas es un déficit que no afecta sólo a las mujeres activas en partidos políticos, sino que también incide en la calidad de la democracia y en el vínculo de la ciudadanía con sus representantes, es decir, la gobernabilidad; por lo que resulta necesario el reconocimiento de que los derechos políticos de las mujeres son derechos humanos, y el aporte de éstas en la política es fundamental para el fortalecimiento de la democracia (CNDH, 2017)
Para ello, se ha hecho hincapié en la importancia del trabajo conjunto entre los tres órdenes y niveles de gobierno y los distintos actores sociales para lograr la plena participación de las mujeres en la política y toma de decisiones, es decir, que puedan votar y ser votadas, postularse para ocupar cargos de elección popular, participar en la formulación de políticas públicas y gubernamentales, dirigir peticiones a instituciones públicas o autoridades, así como afiliarse y asociarse a partidos políticos (CNDH, 2017).
Para lograr esto, los países de América Latina, en el año 2016, aprobaron la llamada Estrategia Montevideo (CEPAL, 2016), la cual tiene por objeto guiar la implementación de la Agenda Regional de Género y asegurar que se emplee como hoja de ruta con vistas a alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional desde la perspectiva de la igualdad de género, la autonomía y los derechos humanos de las mujeres; y que resulta ser uno de los instrumentos más importantes y relevantes en la región para lograr la autonomía de la toma de decisiones de las mujeres y defender su acceso a los derechos políticos.
✨ Niñeces y adolescencia
Por Brenda Giménez, asistente de Democracia y Derechos Humanos.
¿Los niños son ciudadanos? Desafíos de las niñeces en la participación política ciudadana.
En las democracias representativas, la inclusión política de los ciudadanos implica el fundamento de un sistema político democrático, ya que “sin ciudadanos no hay democracia, y sin democracia no hay ciudadanos”. No obstante, en los países latinoamericanos la construcción (y el sostenimiento) de la ciudadanía ha implicado un camino bastante tortuoso, que responde a la tensión generada simultáneamente entre este ideal por incluir a todos y los procesos de exclusión social propios del capitalismo (Sarmiento, 1997).
Se considera a la ciudadanía como la cualidad necesaria destinada a reafirmar la autonomía de los individuos en la construcción y conducción del proceso democrático que les acontece. Nos cuestionamos entonces, ¿todos somos considerados ciudadanos? En nuestras democracias se configura desde hace años la presencia de una clase de ciudadanos “a medias” cuya capacidad participativa y decisoria en el proceso democrático se encuentra mayormente excluida.
Son demasiados aquellos a los cuales se les conceden derechos propios de la ciudadanía pero no se les garantiza el pleno ejercicio de ella, relegando su rol al de un ciudadano “pasivo” antes que a uno “activo” (Corvera, 2012). Estos sujetos pasivos, muchas veces son concebidos como meros sujetos de protección, por ende cabe preguntarse: ¿Cuál es el rol que desempeñan niños y jóvenes, sujetos de protección por excelencia, en la construcción del proceso democrático? La Convención de los Derechos del Niño, reconoce a las niñeces el derecho a participar en “todo aquellos que les afecta” (Novella, 2012): expresando su opinión y capacitándolos para reivindicar el ejercicio de sus derechos asumiendo sus responsabilidades.
Al realizar una revisión histórica, advertimos que los niños han sido tomados como “sujetos de protección” pero también como “sujetos de corrección”, excluyéndolos así de la construcción del proceso democrático. De esta manera, nos preguntamos si en nuestras democracias latinoamericanas el niño es tomado como un ciudadano a medias más o si de hecho ¿es siquiera considerado un ciudadano?
Se plantea como necesaria y urgente una solución que rectifique el rol que en la actualidad desempeñan los niños como meros espectadores de la configuración de la democracia. Apelar a prácticas educativas y a la formación integral en valores que fomenten una intervención autónoma de los niños que posibiliten la generación de una serie de acciones ciudadanas concretas (Novella, 2012), basadas en procesos participativos y también decisorios desde las niñeces, garantizarán no sólo la concreta realización de sus derechos como verdaderos ciudadanos sino también el alcance de un interés superior: los niños que participen de la configuración de los procesos democráticos de nuestro presente serán los adultos que conduzcan ese mismo proceso en el futuro.
🌎 Ambiente
Por Ángel Melo, asistente de Fundraising y Desarrollo de Fondos.
Retos de la participación pública en la acción ambiental en Latinoamérica.
La pandemia de la COVID-19 ralentizó los procesos que aceleran el cambio climático, sin embargo, con la reactivación de la economía mundial, se espera que las emisiones de CO2 vuelvan a niveles anteriores a la pandemia e incluso mayores; por lo que, los daños al planeta sigan incrementándose. El cambio climático no se va a detener pronto.
El contexto pandémico también demostró la importancia del acceso a la información. La posibilidad de obtener datos relevantes a la salud, o al desarrollo normal de la vida en poco tiempo, es clave en la promoción de la participación ciudadana activa, así como en la tranquilidad de todas las personas, sobre todo en regiones como Latinoamérica y el Caribe, por la precariedad de sus condiciones. “Las instituciones estatales pueden ejercer su liderazgo y fomentar la confianza en tiempos de crisis, divulgando de manera proactiva y exhaustiva la información, incluidas las estadísticas pertinentes. Esto es de interés fundamental para los ciudadanos que buscan tranquilidad y claridad” (UNESCO 2020).
Las limitaciones al acceso a la información, a una plataforma de participación política y a canales de denuncia, son obstáculos en el camino hacia una sociedad con conciencia ambiental, que demuestre conocimientos sobre los impactos del cambio climático y preocupación por sus consecuencias. Es por esto que resulta de gran importancia la generación de espacios eficaces de cooperación social, que atiendan asuntos ambientales, propiciando la intervención de los ciudadanos en políticas públicas, construyendo soluciones que giren en torno a la acción ambiental.
Del mismo modo, la divulgación activa por parte de los gobiernos de los efectos del cambio climático, las iniciativas disponibles para contrarrestar éstos, así como la incentivación de la acción climática, forman parte fundamental de la protección del ambiente. La situación mundial, le exige a los Estados que esta divulgación se realice con perspectiva diversa, atendiendo al género y a las necesidades de grupos vulnerables, tomando en cuenta los diferentes lenguajes de todas las comunidades que hacen vida en la región.
Contemporáneamente, son muchos los instrumentos jurídicos que se encuentran vigentes para la protección del ambiente, pero el Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 en Costa Rica, presenta una guía vinculante (para los países que lo han ratificado) para orientar las acciones que los Estados Partes deben tomar específicamente para la consolidación de políticas sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Si bien el Acuerdo de Escazú, entró en vigor el 21 de abril de este año, a la fecha, solo 24 de los 33 países de la región lo han ratificado.
Conclusión
Realizar una análisis de la democracia latinoamericana actual, desde nuestros ejes de trabajo, nos llevó a recapacitar sobre el deterioro en la relación de confianza entre la sociedad y las instituciones públicas, generando una crisis de representatividad, descontento social y una amenaza para la gobernabilidad democrática. Es necesario atender las demandas sociales desde instituciones políticas fuertes, que proporcionen participación e igualdad en la garantía de los derechos económicos y sociales, para que todos los ciudadanos podamos ejercerlos sin restricciones. Para ello, los aparatos públicos latinoamericanos deben reformular sus acciones y ampliar sus capacidades para resolver las demandas históricas y actuales.
Por otro lado, es menester que los Estados logren un consenso social fuerte para evitar que la brecha de desigualdad se extienda, como producto de la globalización, el cambio climático y la revolución tecnológica. Los cambios en el comportamiento social producidos por estos acontecimientos, deben enfrentarse con responsabilidad para asumir el desafío de que nadie quede excluido.
Asimismo, el aparato público debe aceptar la participación de los propios afectados para lograr entender la complejidad de las nuevas sociedades. El movimiento de mujeres, como piedra angular en este proceso, su participación en funciones gubernamentales y parlamentarias del sector público y en puestos directivos de empresas privadas afianzará la democracia directa. Pero antes, se debe garantizar el acceso real a la educación de calidad y mejorar el cuidado de las infancias, para liberar a las madres trabajadoras de estas tareas. Las nuevas generaciones, nacidas en democracia, su pugna por la igualdad de oportunidades y por ser escuchadxs en las instancias decisorias, serán esenciales para lograr cambios significativos en la productividad y desarrollo de la región. Es importante resaltar que la educación democrática, es fundamental para reivindicar los valores de la tolerancia, el pluralismo y la diversidad en las sociedades actuales.
Y por último, los Estados deberán priorizar el cambio climático y la protección de nuestro planeta. Las catastróficas consecuencias generadas por las deforestación/desmonte, sequías, escasez de agua, incendios forestales, la elevación del nivel del mar, el calentamiento de los polos, la pérdida de biodiversidad, las emisiones descontroladas de dióxido de carbono, entre otras, afectarán en mayor parte a los ciudadanos de bajos recursos. El acceso a la información y la participación ciudadana, serán fundamentales para exigir a los gobiernos políticas públicas eficientes para mitigar las consecuencias mencionadas.
Referencias
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. (2018).
Lusverti, C. (2014). Observación electoral como garantía de procesos electorales libres y
justos en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Universidad Católica Andrés Bello. Venezuela. Recuperado de: http://apps.ucab.edu.ve/medialab/cuadernos/wp-
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Sobrado González, L. (2017). La cooperación internacional entre los organismos
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CNDH (2017). “Diagnóstico de la Participación Equilibrada de Mujeres y Hombres en los Cargos de Elección Popular en México: Principales Resultados de los procedimientos electorales 2015 y 2016 para la elección de presidencias municipales”.México. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2017_050.pdf
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CEPAL (2016). “Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible Hacia 2030”. Decimotercera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe Montevideo, 25 a 28 de octubre de 2016.
Munck, G. (2010). Los orígenes y la durabilidad de la democracia en América Latina: Avances y retos de una agenda de investigación. Revista Ciencia Política v.30 n.3. Santiago. Recuperado de: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-090X2010000300001
Sarmiento, J. M. (1997). Exclusión social y ciudadanía política. Perspectivas de las nuevas democracias latinoamericanas. Última Década, núm. 8, 1997, p. 0. Centro de Estudios Sociales. Valparaíso, Chile. Recuperado dE: https://www.redalyc.org/pdf/195/19500804.pdf
González Luna Corvera, T. (2021). Ciudadanía y no discriminación. Intersticios Sociales, núm. 4, septiembre-febrero, 2012, pp. 1-33. El Colegio de Jalisco Zapopan, México. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/4217/421739496002.pdfNovella Cámara, A. M. (2012). La participación infantil: concepto dimensional en pro de la autonomía ciudadana. Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, vol. 13, núm. 2, 2012, pp. 380-403. Universidad de Salamanca. Salamanca, España. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/2010/201024390019.pdf