Migrantes venezolanas: una vida sin derechos

Fuente: Venezolana de Televisión

Por: Inés Simon, asistente del proyecto Mapa Latinoamericano de Feminicidios.

Desde el año 2018, el número de refugiadxs y migrantes que han dejado Venezuela se ha cuadruplicado, convirtiéndose así en la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Más de 6 millones de venezolanxs se han visto obligados a huir de su país debido a 5 razones fundamentales: la inseguridad alimentaria, las violaciones de derechos humanos, la violencia generalizada, el colapso de los servicios públicos como luz y agua y el colapso económico que incluye la inflación más alta del mundo. 

Los 3 principales países de acogida son Colombia, Perú y Ecuador, los cuales han recibido a más de 3.6 millones de venezolanxs (Plataforma R4V). La distribución por sexo de la población migrante ha sido casi equitativa en los primeros años. Sin embargo, ha ocurrido una “feminización”, es decir un aumento de la proporción de mujeres frente a los hombres en los últimos dos años. Así, en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística señala que en el año 2020 las mujeres representaban el 50,2% de migrantes (1,13 millones de personas) y los hombres el 49,8%. 

Lamentablemente, dicha “feminización” no ha significado  una mayor preocupación por las situación de las migrantes y refugiadas venezolanas, quienes se enfrentan a múltiples violencias y violaciones de sus derechos. Desde el momento en el que deciden cruzar la frontera de su país, son víctimas de trata de personas, maltratos físicos y prostitución para poder mantenerse a sí mismas y a sus familias. Las violencias físicas, psicológicas y sexuales continúan al llegar a su país de destino, ya sea de la parte de sus parejas o de personas como empleadores o arrendadores quienes las obligan a tener relaciones sexuales a cambio de un trabajo o de no ser desalojadas de sus viviendas. En Colombia, los casos de violencia contra las mujeres migrantes incrementaron en 308% entre 2017 y 2020 como resultado de la gran cantidad de venezolanas que llegaron al país (Observatorio Colombiano de las Mujeres). 

La mayoría de estos casos no son denunciados ya que las mujeres no cuentan con un estatus de residencia permanente en los países de acogida y temen que al verse involucradas en temas jurídicos, serán expulsadas del país o que esto constituirá un problema al momento de regularizar su situación. En otras ocasiones, ellas son desanimadas de presentar una denuncia por las mismas autoridades que responden diciendo: “¿Seguro que quiere denunciar? Solo va a estar un par de días en la cárcel y sale1”. A esto se suma la hipersexualización y los estereotipos existentes respecto a la mujer venezolana quienes reciben respuestas como: “Veneca, vete a tu país a reclamar” o “¿Por qué se viste así?”2. Como consecuencia, la violencia ha llegado a casos de feminicidios. Solo en abril de 2022 ocurrieron 8 feminicidios de venezolanas en Colombia, Ecuador y Perú (Utopix). 

Problemas económicos o de tiempo han impedido a las migrantes participar de las campañas de regularización migratoria que han realizado los gobiernos de acogida. Otras han recibido permisos temporales de permanencia que deben ser renovados luego de algunos meses. Por otro lado, los gobiernos no cuentan con los recursos humanos y logísticos necesarios para agilizar las solicitudes de refugio, asilo u otras. 

En Colombia, ONU Mujeres está trabajando junto con el Gobierno Nacional y otras agencias de la ONU a través de programas de apoyo para la movilización en las fronteras y permisos de trabajo especial que han permitido a miles de migrantes quedarse y trabajar legalmente en Colombia. Foto: Tico Angulo / ONU Mujeres 

Todo ello trae consigo la falta de acceso a los servicios básicos de salud, una necesidad primordial principalmente para las mujeres embarazadas o que sufren de enfermedades crónicas que requieren atención constante y medicamentos. Otra consecuencia es la imposibilidad de acceder a un trabajo formal. Incluso si cuentan con experiencia previa laboral, en los países de acogida las migrantes sólo logran conseguir puestos informales, sin contrato ni beneficios sociales. Los empleadores aprovechan esta situación para imponer largas horas de trabajo y remuneraciones por debajo del sueldo mínimo. Asimismo, las migrantes que cuentan con educación superior técnica o universitaria se ven imposibilitadas de validar sus estudios debido a los costos económicos de los trámites en los países de acogida y a las trabas impuestas por parte del gobierno de Venezuela, como parte de su estrategia para evitar la fuga de profesionales.  

Colombia, Perú y Ecuador tienen una responsabilidad hacia las migrantes venezolanas. Es esencial que ellas puedan regularizar su estatus para que se encuentren en una situación más igualitaria que les permita defenderse en casos de violación de sus derechos. Contar con la condición de refugiada les debería permitir además tener acceso a servicios de justicia, de salud y a un trabajo digno (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951). Para ello es necesario, en primer lugar, que el personal policial y de salud esté capacitado y evitar así situaciones de discriminación o xenofobia y en segundo lugar, que lxs migrantes y refugiadxs conozcan sus derechos y los servicios a los cuales pueden acceder en los diferentes casos. 

Sin embargo, hay un obstáculo adicional, los 3 países presentan serias deficiencias en sus sistemas de servicios básicos públicos y no logran cubrir las necesidades de toda la población. Frente a esta realidad es necesario contar con el apoyo de la comunidad internacional a través de organizaciones como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como ONGs como Plan Internacional y Save the Children que vienen desarrollando proyectos destinados a lxs migrantes y refugiadxs venezolanxs. Es fundamental trabajar en conjunto y unir todos los recursos económicos, humanos y logísticos posibles para hacer frente a esta crisis de desplazamiento. En diciembre de 2021, la ONU señaló que eran necesarios 1790 millones de dólares para ayudar a los refugiadxs y migrantes venezolanxs3. 

Este 20 de junio, con motivo del Día Mundial de los Refugiadxs, recordemos que las migrantes y refugiadas venezolanas se vieron obligadas a huir de su país para poder sobrevivir. No tuvieron opción. Nosotrxs sí tenemos la opción de decidir respetar sus derechos. 

NOTAS:

1 Estudio de Plan Internacional sobre la violencia basada en género hacia las mujeres migrantes y/o refugiadas en los países receptores de Perú y Ecuador.

2 Estudio de la Defensoría del Pueblo sobre la violencia basada en género contra mujeres migrantes en el Perú.

3 La ONU solicita 1790 millones de dólares para ayudar a los refugiados y migrantes venezolanos.

Referencias

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