¿Cuál es la situación del aborto en América Latina?

El pañuelo verde es un símbolo transnacional en la lucha por el aborto legal.

Por: Inés Simon, asistente del proyecto Mapa Latinoamericano de Feminicidios.

El 24 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el histórico fallo de Roe vs Wade[1], el cual otorgaba el derecho constitucional al aborto en este país. A partir del pronunciamiento de dicha decisión en 1973, los estados federales no podían prohibir el aborto si este se llevaba a cabo antes del límite de viabilidad fetal (probabilidad que tiene un feto de sobrevivir fuera del útero): 23 a 24 semanas según los expertos. Sin embargo, con esta anulación, los estados cuentan ahora con total libertad para decidir su legalización. Misuri y Texas se encuentran entre los primeros en haber prohibido este derecho.

Por otro lado, en agosto de este año el Consejo de Ministros de España aprobó el proyecto de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre los puntos abordados por este proyecto, que deberá ser aceptado por el Congreso de los Diputados y por el Senado, se incluyen: la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres de 16 y 17 años sin necesidad del permiso de los padres o tutores legales, la posibilidad de realizar un aborto en el hospital público más cercano y el acceso a la píldora del día siguiente de manera gratuita en todos los centros de salud. 

Frente a estas dos realidades tan contradictorias, nos preguntamos ahora, ¿cuál es la situación en América Latina en lo que respecta al acceso al aborto?

Empecemos por el lado positivo, el último país en haber logrado la despenalización de ciertas formas del aborto fue México, donde en mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia invalidó que el estado de Nueva León considerara al feto como nacido desde el momento de la concepción y, por otra parte, otorgó la posibilidad de abortar a niñas menores de 12 años sin el consentimiento de los padres en caso de violación. Colombia es otro de los países latinoamericanos en haber logrado una victoria reciente ya que, desde febrero de este año, la interrupción del embarazo es legal hasta la semana 24 de gestación. Este fue un gran logro para la región ya que, en otros países como Argentina, Uruguay y Cuba, donde el aborto también está legalizado, el límite de tiempo es menor: hasta la semana 14 en Argentina y hasta la semana 12 en los dos últimos. La interrupción voluntaria del embarazo se considera así un derecho humano fundamental reconocido por las constituciones de estos Estados.

Miles de manifestantes celebran ante el fallo a favor de la despenalización del aborto en Colombia. (Foto: CNN)

Sin embargo, estos avances sólo conciernen a este grupo reducido de países. En la mayor parte de América Latina, el aborto no está penalizado únicamente en determinadas circunstancias. En Paraguay, Costa Rica y Perú, sólo está permitido con el fin de evitar un peligro para la vida y la salud de la madre. Las leyes contemplan además penas de prisión que pueden ir hasta los 10 años, dependiendo del país y del tipo de transgresión. Por su parte, Brasil, Panamá, Chile y Bolivia incluyen también los casos de violación e inviabilidad del feto como causales de despenalización. Este último contempla además el incesto.          

En la otra cara de la moneda, se encuentran El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, donde el aborto está penalizado en todas las circunstancias. 

Ecuador merece una especial atención debido a que, en febrero de este año, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para permitir el aborto en casos de violación hasta las 12 semanas de embarazo y para mujeres indígenas y del área rural hasta las 18 semanas. Esta diferenciación pretendía tomar en cuenta las dificultades en el acceso a los servicios de salud (lejanía, difícil acceso, falta de servicios adecuados) a las que hacen frente aquellxs que viven en las zonas más alejadas del país. Sin embargo, dicho proyecto fue parcialmente vetado por el presidente Lasso quien solicitó unificar la limitación a 12 semanas en todos los casos. Posteriormente, el silencio de la Asamblea Nacional significó la aceptación tácita del veto presidencial y la promulgación de la Ley el 29 de abril de 2022.    

De manera general, las mujeres recurren al aborto indistintamente tanto en países donde está legalizado como en países donde no lo está. Así lo demuestran los datos sobre el aborto a nivel mundial: con una tasa de 41% en países donde es legal contra 39% en países donde está totalmente prohibido para los años entre 2015 y 2019 (Guttmacher Institute). La diferencia radica en que el aborto inseguro o clandestino pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Las complicaciones relacionadas con el aborto en situaciones de riesgo constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en América Latina (Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna, UNFPA/LACRO, 2021). En Uruguay, la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo logró reducir a cero los fallecimientos a causa de abortos. El país presenta así la menor tasa de mortalidad materna en América Latina para 2019 según el Ministerio de Salud Pública de este país. 

Así mismo, la falta de acceso a un aborto seguro afecta de manera particular a los grupos marginados y minoritarios, las personas de bajos recursos, que viven en zonas rurales, indígenas, entre otrxs. A ellxs, no solo se les niega la posibilidad de un aborto seguro, sino que no gozan de los derechos sexuales y reproductivos básicos como acceso a la anticoncepción, información sobre educación sexual, planificación familiar, etc. El derecho al aborto es también una urgencia para lxs adolescentes, específicamente lxs menores de 15 años, para quienes el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces más que en mayores de 20 años. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, “Se calcula que en América Latina el número anual de abortos inseguros entre lxs adolescentes de 15 a 19 años, alcanza los 670 mil”.  

El acceso a un aborto libre y seguro constituye un derecho fundamental que permite la autonomía, igualdad y salud de las mujeres. “Los Estados de todo el mundo deben actuar ahora para despenalizar el aborto y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo”, han manifestado los expertos del grupo de trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, con motivo de la conmemoración del 28 de setiembre “Día Internacional del Aborto Seguro”.

Años de lucha feminista han logrado grandes avances en la conquista de este derecho, pero aún queda mucho camino por recorrer en la región. Es necesario seguir luchando para que las próximas generaciones puedan gozar de este derecho sin distinción.

Referencias

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