¿Cuál es la situación del aborto en América Latina?

Por: Inés Simon – Asistente del Mapa Latinoamericano de Feminicidios

El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el histórico fallo de Roe vs Wade, el cual otorgaba el derecho constitucional al aborto en este país. Desde el pronunciamiento de dicha decisión en 1973, los estados federales no podían prohibir el aborto si este se llevaba a cabo antes del límite de viabilidad fetal (probabilidad que tiene un feto de sobrevivir fuera del útero): 23 a 24 semanas según los expertos. Sin embargo, con esta anulación, los estados cuentan ahora con total libertad para decidir su legalización. Hasta el momento, 21 estados han prohibido o restringido el aborto, Misuri y Texas se encuentran entre los primeros.

Por otro lado, en febrero de este año el Congreso de España aprobó la reforma de la ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre los puntos abordados por esta ley se incluyen: la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres de 16 y 17 años sin necesidad del permiso de los padres o tutores legales, la eliminación de los tres días de reflexión y la creación de registros de objetores de conciencia, así como la obligación de contar con profesionales calificados en todos los centros públicos, con el objetivo de poder realizar un aborto en el hospital más cercano.

Frente a estas dos realidades tan contradictorias, nos preguntamos ahora, ¿cuál es la situación del acceso al aborto en América Latina?

Empecemos por el lado positivo, Colombia es el país de la región con el mayor límite gestacional para abortar libremente. Desde febrero de 2022, la interrupción del embarazo es legal hasta la semana 24 de gestación. Este fue un gran logro para la región ya que, en otros países como Argentina, Uruguay y Cuba, donde el aborto también está legalizado, el límite de tiempo es menor: hasta la semana 14 en Argentina y hasta la semana 12 en los dos últimos. La interrupción voluntaria del embarazo se considera así un derecho humano fundamental reconocido por las constituciones de estos Estados. Otro país en haber logrado una victoria reciente es México, donde en 2021 el aborto legal, seguro y gratuito dentro de un corto periodo de tiempo durante las primeras etapas de embarazo, fue reconocido un derecho constitucional. Sin embargo, debido al sistema federal de este país, los estados aún están en proceso de reformar sus leyes para cumplir con la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, desde hace algunos días, Brasil ha estado presente en los titulares, ya que el Supremo Tribunal Federal (STF) de este país ha iniciado la votación de una demanda para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Dicha acción busca examinar la criminalización del aborto, argumentando que esta viola una serie de derechos como el derecho a la libertad, la no tortura, la salud y la planificación familiar. Actualmente, el aborto en este país está permitido solo en casos de violencia sexual o cuando está en riesgo la vida de la madre. En este contexto, de los 500.000 abortos que se producen al año, entre 2012 y 2021 únicamente 11.837 se realizaron de manera legal (Center for Reproductive Rights, 2023).

Sin embargo, estos avances sólo conciernen a este grupo reducido de países. En la mayor parte de América Latina, el aborto no está penalizado únicamente en determinadas circunstancias. En Paraguay, Costa Rica, Venezuela, Perú y Guatemala sólo está permitido con el fin de evitar un peligro para la vida y la salud de la madre. Las leyes contemplan además penas de prisión que pueden ir hasta los 10 años, dependiendo del país y del tipo de transgresión. El último país en endurecer las penas para las mujeres que aborten fue Guatemala. En marzo de 2022, el Congreso incrementó la pena máxima de 3 años a 5 años de prisión.

Por su parte, Panamá, Chile y Bolivia incluyen también los casos de violación e inviabilidad del feto como causales de despenalización. Este último contempla además el incesto. En abril de 2022, Ecuador despenalizó el aborto en casos de violación hasta la semana 12 de gestación y en noviembre del mismo año, la Corte Constitucional suspendió la obligación de presentar una autorización judicial para acceder a dicho derecho. En la otra cara de la moneda, se encuentran El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, países donde el aborto está penalizado en todas las circunstancias. 

De manera general, las mujeres recurren al aborto indistintamente tanto en países donde está legalizado como en países donde no lo está. Así lo demuestran los datos sobre el aborto a nivel mundial: con una tasa de 41% en países donde es legal contra 39% en países donde está totalmente prohibido para los años entre 2015 y 2019 (Guttmacher Institute). La diferencia radica en que el aborto inseguro o clandestino pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Las complicaciones relacionadas con el aborto en situaciones de riesgo constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en América Latina (Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna, UNFPA/LACRO, 2021). En Uruguay, la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo logró reducir a cero los fallecimientos a causa de abortos. El país presenta así la menor tasa de mortalidad materna en América Latina para 2019 según el Ministerio de Salud Pública de este país. 

Así mismo, la falta de acceso a un aborto seguro afecta de manera particular a los grupos marginados y minoritarios, las personas de bajos recursos, que viven en zonas rurales, indígenas, entre otrxs. A ellxs, no solo se les niega la posibilidad de un aborto seguro, sino que no gozan de los derechos sexuales y reproductivos básicos como acceso a la anticoncepción, información sobre educación sexual, planificación familiar, etc. El derecho al aborto es también una urgencia para lxs adolescentes, específicamente lxs menores de 15 años, para quienes el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo es hasta tres veces más que en mayores de 20 años. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, “Se calcula que en América Latina el número anual de abortos inseguros entre lxs adolescentes de 15 a 19 años, alcanza los 670 mil”.  

El acceso a un aborto libre y seguro constituye un derecho fundamental que permite la autonomía, igualdad y salud de las mujeres. “Los Estados de todo el mundo deben actuar ahora para despenalizar el aborto y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres y las niñas tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo”, han manifestado los expertos del grupo de trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, con motivo de la conmemoración del 28 de setiembre “Día Internacional del Aborto Seguro”.

Años de lucha feminista han logrado grandes avances en la conquista de este derecho, pero aún queda mucho camino por recorrer en la región. Es necesario seguir luchando para que las próximas generaciones puedan gozar de este derecho sin distinción.

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